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A propósito de la inminente firma de la anhelada paz para Colombia, muchas preguntas surgen respecto del amenazador crecimiento del gasto público por cuenta de la reconciliación.
Seguido de ello y para cubrir el posible déficit fiscal, podría venirse un impuesto para la paz. En lugar de ello ¿Qué alternativas tenemos para evitarlo, o será que es inevitable? ¿Tenemos opciones innovadoras en ente asunto?
Aunado a estos cuestionamientos de caras a un perentorio déficit fiscal, la economía colombiana viene afrontando desafíos en múltiples aspectos. Una devaluación generalizada por cuenta de la dependencia de los hidrocarburos, una inflación creciente, una inversión extranjera cada vez más tipo golondrina y una innegable enfermedad holandesa, hacen que la situación actual del país en materia socio-económica, reclame soluciones de alto impacto. Para poder hacerlo, hay que insistir que el país tenga una planeación estratégica. Es por eso que el Estado debe comenzar a trabajar en los planes de largo plazo, los cuales deben ser perentorios para dar un salto importante en materia de competitividad de la producción nacional, que no sólo sería para exportación sino para el consumo interno.
Si hablamos de competitividad, Colombia se merece una infraestructura de clase mundial. No sólo con la construcción de carreteras de cuarta generación (4G), sino con una infraestructura que combine el transporte, de carga y de pasajeros, terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo. Para ello, son las alianzas público-privadas (APP) las que pueden dar respuesta a la anhelada multimodalidad. No obstante, son muchos los retos que afrontan las APP. El modelo de financiación, es uno de ellos. Es que la banca colombiana aún no está preparada para asumir financiaciones de proyectos de inversión, tan onerosos, como el que conlleva las APP. La pregunta es ¿son los bancos o es la regulación financiera en esta materia, la que podría estar poniendo en riesgo el avance de este tipo de inversiones? Una solución sugerida es agilizar la regulación en materia de financiación de las APP, y que ésta, no sólo dependa de créditos sino de exploración de alternativas como titularizaciones a través del mercado de capitales colombiano. Con esto, no sólo se dinamizaría este mercado, sino que se le daría una mano sobre todo en momentos de turbulencia por los que viene atravesando.
Por otro lado, el otro desafío es de dónde provendría la mano de obra que se necesita para la construcción de la infraestructura. El Estado tiene aquí una oportunidad única para incentivar, vía beneficios tributarios, a las empresas embebidas en las APP que impulsen programas de reclutamiento de los actores del conflicto armado. O ¿Sería ilógico pensar que gran parte de la mano de obra necesaria para la construcción de la infraestructura multimodal o de 4G la tendríamos con los reinsertados? Por supuesto, debe haber un plan de capacitación técnica y es aquí donde el SENA debe ser innovador.
Sin duda el gasto público se incrementará por cuenta de la reconciliación. La manera fácil de cubrir este gasto es con impuestos adicionales, pero ¿no sería mejor que antes que esto suceda, el Gobierno pueda apalancarse con inversiones directas en infraestructura y que el costo laboral lo asuman las APP? De esta manera no habría tanto incremento del gasto público. Al final de día estas empresas tendrán que necesitar mano de obra directa, la que provendría de los reinsertados.
Los expertos de Amézquita & Cía sostuvieron que Colombia es tal vez de los últimos países latinoamericanos que inició un proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de información financiera, pues ya la mayoría de países suramericanos, del área centroamericana y de El Caribe (excepto Cuba), vienen aplicando las Niif.
Vivian Amézquita, gerente de la firma de contadores, recordó que la composición societaria en Colombia está soportada en un 95 por ciento en las pequeñas y medianas empresas (pymes) o Grupo 2, que también debe adaptarse y tiene en este 2015 el año de transición para que en 2016 aplique, en pleno, la normatividad Niif. Pero, ¿están haciendo esa tarea los pequeños y medianos empresarios?
Néstor Jiménez Jaimes, consultor de Niif y socio de Grant Thornton, consideró que a las pymes “las cogió la noche” en la aplicación de esa normatividad y aseguró que gran parte de las sociedades del Grupo 2 ni siquiera han empezado el proyecto que debieron haber arrancado el año pasado con el diagnóstico y la preparación de las políticas contables.
“Están bastante atrasados, porque en este momento deberían hecho una implementación y elaborando los comparativos con respecto a lo que venían manejando. En junio y julio deben mandar reportes a la Superintendencia de Sociedades y el tiempo que queda es corto”, agregó.
Durante un taller organizado por la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, dirigido a pequeños y medianos empresarios sobre el balance con estándares internacionales, Jiménez insistió en que “lo importante es que empiecen ya, que no esperen más tiempo para determinar cuáles son los efectos y los cambios más importantes que deben aplicar en la presentación de sus estados financieros a partir de 2016”.
En opinión del especialista, las cuentas más relevantes para el caso de las pymes, son las relacionadas con los inventarios (la asignación de los costos es diferente), la cuenta de propiedades, plantas y equipos (dado que es necesario establecer cuál es la vida útil de estos activos) y las cuentas de los contratos de arrendamiento (se debe establecer si cumplen ciertos requisitos para determinar si se deben incorporar a los estados financieros). “En estas tres cuentas está lo más grave y lo más relevante para las pymes”.
A su turno la presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Lillyam Mesa Arango, dijo que de las 30.000 empresas debidamente registradas en la Cámara, unas 3.500 son pymes, que deben cumplir con la aplicación con la adopción de las Niif.
“Se hace indispensable para el mercado poder manejar información financiera que cumpla con las características de comparabilidad, transparencia y confiabilidad para promover la competitividad de las empresas en el marco de la globalización”, indicó Mesa Arango.
Finalmente, Jánica advirtió que en Colombia la contabilidad no se modifica desde hace 25 años, con el Decreto 2649 de 1993 (reglamento general de contabilidad), mientras las Niif se pueden modificar, incluso, mensualmente.
“Así como la dinámica económica va cambiando, la dinámica del registro de esas transacciones tiene que ir cambiando y nos vamos a estar enfrentado a un nuevo hito en materia de reportes financieros y a un nuevo análisis por parte de los interesados claves de las empresas”, expresó.
Aunque las compañías grandes ya han dado el paso de ajuste a las Niif, los expertos reconocen que la labor no ha sido fácil porque se observa un cuello de botella en los sistemas de información, a los que tuvieron que adaptarse para llevar la contabilidad local y fiscal y cumplir la normatividad internacional. “Eso está complicando el trabajo para remitir la información como lo exigen las autoridades”, puntualizó Jánica.