Reconciliación productiva: el gran desafío del proceso de Paz

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A propósito de la inminente firma de la anhelada paz para Colombia, muchas preguntas surgen respecto del amenazador crecimiento del gasto público por cuenta de la reconciliación.


Seguido de ello y para cubrir el posible déficit fiscal, podría venirse un impuesto para la paz. En lugar de ello ¿Qué alternativas tenemos para evitarlo, o será que es inevitable? ¿Tenemos opciones innovadoras en ente asunto?
Aunado a estos cuestionamientos de caras a un perentorio déficit fiscal, la economía colombiana viene afrontando desafíos en múltiples aspectos. Una devaluación generalizada por cuenta de la dependencia de los hidrocarburos, una inflación creciente, una inversión extranjera cada vez más tipo golondrina y una innegable enfermedad holandesa, hacen que la situación actual del país en materia socio-económica, reclame soluciones de alto impacto. Para poder hacerlo, hay que insistir que el país tenga una planeación estratégica. Es por eso que el Estado debe comenzar a trabajar en los planes de largo plazo, los cuales deben ser perentorios para dar un salto importante en materia de competitividad de la producción nacional, que no sólo sería para exportación sino para el consumo interno.
Si hablamos de competitividad, Colombia se merece una infraestructura de clase mundial. No sólo con la construcción de carreteras de cuarta generación (4G), sino con una infraestructura que combine el transporte, de carga y de pasajeros, terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo. Para ello, son las alianzas público-privadas (APP) las que pueden dar respuesta a la anhelada multimodalidad. No obstante, son muchos los retos que afrontan las APP. El modelo de financiación, es uno de ellos. Es que la banca colombiana aún no está preparada para asumir financiaciones de proyectos de inversión, tan onerosos, como el que conlleva las APP. La pregunta es ¿son los bancos o es la regulación financiera en esta materia, la que podría estar poniendo en riesgo el avance de este tipo de inversiones? Una solución sugerida es agilizar la regulación en materia de financiación de las APP, y que ésta, no sólo dependa de créditos sino de exploración de alternativas como titularizaciones a través del mercado de capitales colombiano. Con esto, no sólo se dinamizaría este mercado, sino que se le daría una mano sobre todo en momentos de turbulencia por los que viene atravesando.
Por otro lado, el otro desafío es de dónde provendría la mano de obra que se necesita para la construcción de la infraestructura. El Estado tiene aquí una oportunidad única para incentivar, vía beneficios tributarios, a las empresas embebidas en las APP que impulsen programas de reclutamiento de los actores del conflicto armado. O ¿Sería ilógico pensar que gran parte de la mano de obra necesaria para la construcción de la infraestructura multimodal o de 4G la tendríamos con los reinsertados? Por supuesto, debe haber un plan de capacitación técnica y es aquí donde el SENA debe ser innovador.
Sin duda el gasto público se incrementará por cuenta de la reconciliación. La manera fácil de cubrir este gasto es con impuestos adicionales, pero ¿no sería mejor que antes que esto suceda, el Gobierno pueda apalancarse con inversiones directas en infraestructura y que el costo laboral lo asuman las APP? De esta manera no habría tanto incremento del gasto público. Al final de día estas empresas tendrán que necesitar mano de obra directa, la que provendría de los reinsertados.